La normativa se escribe y el lenguaje condiciona

Los términos que se utilizan en los documentos normativos (convenios, normas, legislaciones, …) pueden dar a entender conceptos erróneos o que no son los que se pretendían transmitir.

Por ejemplo, la OIT está trabajando en el Proyecto de convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y en su artículo 7 se propone:

Todo Miembro deberá adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluyendo a las trabajadoras, así como a los trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a varios grupos vulnerables o a grupos en situación de vulnerabilidad que están afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

En dicho texto, la expresión “desproporcionada” puede llevar a interpretaciones que se pudieran entender como “proporcionadas” ciertas situaciones. 

O el uso del término “afectados”, que da a entender que ya ha habido perjuicios, cuando lo más adecuado sería “expuestos”, ya que se está tratando de hacer prevención.

U otros casos en que la decisión del texto final pueda ser matizado y tener un nivel de exigencia de distinta magnitud, como, en referencia al mismo ejemplo citado antes, en que al final pueda decidirse sustituir “que garanticen” por “que velen por”, o también sustituir “están” por “puedan estar”.

Qué es lo que se escribe o cómo de traduce, puede tener efectos en que se refleje la fidelidad del “espíritu” previsto del texto.